Del total de las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) en el mundo, Colombia origina el 0,37%. Sin embargo, es uno de los diez países más vulnerables frente a los efectos del cambio climático. Como país, nos corresponde actuar responsablemente y aunar esfuerzos para superar los retos que implican la mitigación y adaptación al cambio climático.
En el marco del Acuerdo de París, Colombia aumentó al 51% su compromiso de reducciones de GEI
al año 2030, a través de su NDC (Compromisos Nacionales Determinados). Es un reto inmenso e
importante en cuanto a la transición hacia una economía descarbonizada. Además, representa una
oportunidad para que el gobierno nacional promueva la reducción de la deforestación, los usos de
la tierra sostenibles, una más acelerada transición energética, la movilidad sostenible, la transición a una economía circular y las transformaciones tecnológicas de la industria que son, entre otros, propósitos sectoriales que pueden transformar los sistemas productivos y aportar, de manera significativa, a la reducción de emisiones de GEI.
Para lograr el financiamiento de las transformaciones necesarias y alcanzar la reducción propuesta, se hace necesario buscar formas innovadoras de identificar y movilizar importantes fuentes de recursos. Estos recursos deben provenir, tanto del Estado como del sector privado y de las agencias de cooperación internacional, todos actores comprometidos en el logro propuesto frente al Acuerdo de París de COP21.
Colombia cuenta con un marco normativo innovador, referencia a nivel global. Ejemplo de ello, el
impuesto al carbono (ley 1819 de 2016), reglamentado con el mecanismo de la compensación, o no
causación (decreto 926 de 2017). Este marco normativo ha permitido la apertura de mecanismos de carbono, mediante los cuales, de manera voluntaria, los responsables del impuesto pueden hacer uso de bonos de carbono para que el impuesto no sea incluido en la facturación del combustible fósil que se consume.
Desde el inicio de la no causación el impuesto al carbono en julio de 2017, hasta diciembre de 2021, el consumo total de los combustibles fósiles asciende a un volumen de 186 Millones de toneladas de CO2 equivalente (TonCO2e); se ha pagado el impuesto sobre el 61% ($ 1,85 billones recaudados), y se ha compensado, por transacciones de bonos de carbono, el restante 39%, que ascendieron a 72 Millones de TonCO2e. Los proyectos de compensación son auditados por terceras partes, reconocen una reducción efectiva de GEI y son certificados con estándares nacionales e internacionales, según la resolución 1447 de 2018.
De otra parte, los proyectos de carbono que comercializan sus bonos en los mercados nacional e
internacionales, aportan al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) mediante la
generación de impactos positivos, sociales, ambientales y económicos, asociados a mejoras en los
ingresos y las condiciones de vida de comunidades locales, avances en su capacidad de gobernanza, reducción de la deforestación y conservación de la biodiversidad, mejores usos del suelo y avances tecnológicos en procesos industriales.
Dentro del proceso de transformación que implica conseguir la ambición de los NDC, el Estado
colombiano ha diseñado la política pública de cambio climático y la plasmó en la Ley de Acción
Climática de 2021. Dentro de la misma, el instrumento de los mercados de carbono, más allá del
impuesto al carbono, representa el más costo eficiente entre todos los que pueden aplicar a su
financiamiento. Avanzando en ese mismo proceso, la reglamentación y puesta en operación del Plan Nacional de Cupos Transables de Emisión (PNCTE) debe ser una prioridad para el próximo gobierno, para complementar el mercado voluntario con uno regulado, vinculante, que haga evolucionar el precio del carbono en el país y promueva la transformación requerida.
Para ello, el Estado requiere de una institucionalidad fuerte, estable, que haga que el marco
regulatorio evoluciones a resolver las necesidades que la transición exige, riguroso y pragmático, con mercados de carbono dinámicos, con crecimiento constante, y que participe de los mercados internacionales para ampliar las fuentes de financiación de nuestras necesidades.
Entre otros, se pueden mencionar los siguientes retos y oportunidades:
- Lograr la ambición de las NDC, mediante un proceso progresivo, acorde con nuestras
posibilidades y acopiando recursos estatales, de cooperación internacional y de inversión
privada. - Trabajar intensamente por la descarbonización de la economía: reducir la deforestación y
degradación de los bosques, promover cambios efectivos en los usos del suelo, acelerar la
transición energética hacia fuentes renovables, la movilidad sostenible, la economía circular, la
modernización industrial, entre otros. - Movilizar el recaudo del impuesto al carbono directamente a las acciones de mitigación del
cambio climático, a la reducción verificable de emisiones de GEI, avanzando eficazmente en la
inversión pública. - Construir una institucionalidad robusta para la regulación y operación del mercado de carbono
en Colombia, que dinamice los mercados como la principal fuente de financiación de la transición
hacia un desarrollo bajo en carbono. - Participar en los mercados internacionales para atraer recursos hacia la implementación y
ampliación del portafolio de proyectos de mitigación en el país. - Asegurar un mercado de carbono de alta calidad con potencial de integrarse al mercado
internacional y atraer financiación privada extranjera para lograr los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en nuestro país.
Teniendo como base este contexto, desde ASOCARBONO queremos conocer qué propuestas tiene su candidatura en materia del fortalecimiento del mercado de carbono en Colombia.
